Tras reiteradas intimaciones a Tra Construcciones, la cartera educativa inició el proceso de rescisión por el incumplimiento de contrato a la empresa.
En audiencia fijada por la jueza que lleva adelante el amparo, la empresa se comprometió a finalizar la obra la primera semana de mayo. En la misma se planificó un seguimiento semanal en conjunto con las familias, equipo técnico del Consejo Escolar y el Ministerio. El avance semanal planificado en el plan de trabajo no fue el comprometido por la contratista, por lo que el incumplimiento derivó en la decisión tomada.
“Durante los meses de febrero y marzo el avance ha sido muy escaso. Ha renunciado el representante técnico, por lo que la obra no cuenta con ese técnico necesario para la obra. Asimismo, la semana pasada la empresa no hizo efectiva la jornada laboral, sin previo aviso, incurriendo en otro incumplimiento establecido por el contrato y pliego legal, pese a que el contrato sigue vigente hasta que se haga efectiva la rescisión, por lo que la empresa ha hecho efectivo abandono de la obra”, explicó el secretario de Infraestructura, Adrián Carrizo.
La cartera educativa comunicó este procedimiento en una reunión mantenida con la directora de la escuela 95, Graciela Maldonado, y una mamá representante de las familias. Además, se ha elevado un informe comunicando la situación al supervisor Mario Floriani, al sindicato docente, como asimismo se ha informado al gremio de los trabajadores de la construcción.
En este sentido, las familias y la comunidad educativa solicitaron a las autoridades educativas acelerar los procedimientos administrativos de rescisión y de una nueva contratación a los efectos de poder finalizar en el menor tiempo los trabajos.
Atento a esto, a través del expediente N° 104795/2023, el Ministerio lanzó una nueva convocatoria a empresas interesadas en la presentación de ofertas para la finalización de los trabajos. La apertura se realizará el día 5 de mayo en la sede del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Los trabajos tienen un presupuesto oficial de $55.107.266,35.
Luego de esa apertura, se evaluarán la admisibilidad de las ofertas para proseguir de manera inmediata al proceso de contratación, previa intervención de los organismos de control de la provincia.
“De manera simultánea se prosigue con las actuaciones de rescisión, las aplicaciones de multas y demás perjuicios ocasionados”, informó Carrizo.